Una providencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluye, principalmente, que la omisión consistente en no actualizar debidamente el registro automotor y la inscripción de una medida cautelar sobre una cuenta que ya había sido trasladada a otro ente territorial, tal como ocurrió en el caso concreto de estudio, comporta y evidencia la comisión de una falla del servicio. Encuentre los detalles de esta tesis jurisprudencial en el documento adjunto a esta nota (C. P. Ramiro Pazos Guerrero).