Cerca de 40 empresas de servicios públicos domiciliarios (ESP) prestadoras de servicios de crédito y financiación han sido sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria), por no atender adecuadamente las reclamaciones de los usuarios, reestructurar las deudas de estos sin su autorización y crear una solidaridad inexistente entre el propietario y arrendatario por deudas contraídas por este último. En cuanto a esta última conducta, la Superindustria reiteró que no retirar los cobros de las facturas cuando el propietario del inmueble le informa a la ESP que el arrendatario ya no habita en ese lugar constituye una falla en la prestación del servicio sujeta a la imposición de sanciones.