Responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia requiere probar la falla y acreditar el daño (2:28 p.m.)

La responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y, por lo tanto, solo de probarse esta y de acreditarse la existencia del daño antijurídico podría deducirse la responsabilidad patrimonial, indicó el Consejo de Estado. La corporación recordó su jurisprudencia en cuanto a la causal eximente de responsabilidad relacionada con el hecho de un tercero, que adecuó al hecho de la víctima, e indicó que lo relevante no es acreditar que la conducta sea imprevisible e irresistible, sino acreditar que el comportamiento de un tercero o de la víctima sea decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño. En el caso analizado, el alto tribunal indicó que la inscripción de autos de embargo, demandas civiles y decretos de separación de patrimonio, entre otros actos que versen sobre inmuebles determinados, requiere por parte del interesado (apoderado) la individualización de bienes y personas, de manera que se facilite el registro y se eviten confusiones.