Conforme lo prevé el artículo 3º del Decreto 510 del 2003, las bases de cotización tanto a los sistemas de salud como en pensiones no pueden ser inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente. En materia de la obligación que tiene todo contratante de verificar el adecuado pago de aportes del contratista, la normativa aplicable es extensa: el artículo 23 del Decreto 1703 del 2002, el inciso 1º del artículo 23 del Decreto 1703 del 2002, el artículo 26 de la Ley 1393 del 2010 y el inciso 2º del artículo 3º del Decreto 1070 del 2013, modificado por el artículo 9º del Decreto 3032 del mismo año. Así las cosas, es tarea permanente del contratante verificar que su contratista no incurra en conductas de evasión o elusión.