El Gobierno acaba de autorizar a las autoridades nacionales y territoriales para destinar recursos públicos a la construcción, reparación, reforzamiento, rehabilitación o restauración de inmuebles utilizados para la prestación del servicio público educativo, incluso aquellos que no son propiedad del Estado. También podrán hacerlo en los casos en que, con el consentimiento del propietario, los inmuebles se destinen o vayan a destinarse, de manera permanente o temporal, a la prestación de ese servicio. Así lo contempla el Decreto 127 del 2011, expedido bajo el estado de emergencia económica, social y ecológica.