Si bien el ordenamiento legal prevé el privilegio de la decisión previa o autotutela administrativa a los entes públicos, en virtud del cual pueden adoptar decisiones y crear, modificar o extinguir derechos subjetivos particulares, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales, ello no justifica las decisiones arbitrarias o las actuaciones que desborden los límites que el mismo demarca dentro de las relaciones contractuales que puede adelantar la administración pública, precisó el Consejo de Estado. Así las cosas, todo acto administrativo de liquidación unilateral expedido por la administración pública que no se someta a las condiciones habilitantes materiales y jurídicas previstas para su procedencia será anulable por el juez de lo contencioso administrativo, pues el mismo sería expedido con violación del régimen de competencias (C.P. Hernán Andrade Rincón).