El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró solidariamente responsables de la catástrofe ecológica del río Bogotá y de la contaminación de los ríos y quebradas afluentes de este, por acción y por omisión, a los habitantes e industrias y a la Nación, al departamento y a los municipios de la cuenca alta, media y baja. En acción popular, amparó los derechos colectivos a un ambiente sano, a la salubridad pública y a la eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios. En el fallo, se aprobaron los pactos de cumplimiento asumidos por las entidades involucradas, para delimitar las zonas aptas para la explotación de la minería, vigilar y evitar que se usen las aguas del río como brebajes para ganado o riego de cultivos y controlar los vertimientos de aguas residuales de los acueductos de las zonas y municipios aledaños, con el fin de iniciar el plan de descontaminación del río, sus afluentes y de la represa del Muña. El tribunal explicó que la contaminación del agua no solo conlleva la contaminación del medio ambiente, sino que también produce graves riesgos y daños a la salud humana, por lo que se compromete igualmente el derecho colectivo a la salubridad pública (M. P. Nelly Yolanda Villamizar).