Aunque la Sección Tercera encontró configurada la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad sufrida por la demandante, la corporación, al momento de liquidar los perjuicios reclamados a título de daño emergente, se apartó del valor reflejado en la certificación aportada por la parte actora como comprobante de los honorarios que el abogado defensor le había cobrado durante el proceso penal, porque no se allegaron los soportes tributarios. En efecto, en el caso analizado el alto tribunal estimó que para acreditar el valor solicitado en la demanda era necesario proporcionar los comprobantes de retención en la fuente o las declaraciones de renta que dieran certera cuenta del ingreso de dicho capital al patrimonio del beneficiario y de su salida del de la víctima. En consecuencia, tuvo en cuenta para su estimación el valor certificado por el Colegio Nacional de Abogados (C. P. Ramiro Pazos).