Los municipios tienen la función legal y reglamentaria de velar por la conservación y el sostenimiento de las vías públicas destinadas a la circulación de personas, vehículos o cosas, en particular si se trata de elementos que hacen parte de las redes de acueducto y alcantarillado ubicados en dichas vías, recordó el Consejo de Estado. Por lo tanto, es deber de las autoridades verificar y controlar las obras realizadas, de manera que no afecten la circulación, que estén debidamente señalizadas y que, una vez terminen, no dejen obstáculos que impidan el libre tránsito. La corporación condenó solidariamente al municipio de La Dorada (Caldas) y a la empresa Empocaldas S. A. ESP a indemnizar los perjuicios ocasionados a una persona que se estrelló contra unos escombros que no fueron recogidos ni señalizados luego de culminar una obra, lo que configuró un incumplimiento de deberes legales y responsabilidad patrimonial (C.P. Ramiro Pazos Guerrero).