La Sección Tercera del Consejo de Estado atribuyó responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por la falla del servicio configurada por el uso desproporcionado del arma de dotación oficial con la que un agente del Cuerpo Técnico e Investigativo (CTI) dio muerte a una persona que al ser sorprendida en flagrancia emprendió la huida. Para la corporación, la reacción del agente no se ajustó a los parámetros de razonabilidad, necesidad y de proporcionalidad que impone el uso de las armas para el cumplimiento de sus funciones, pues esa potestad, a su juicio, solo puede ser utilizada como el último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño a las personas (C. P. Marta Nubia Velásquez).