A través de un reciente decreto, el Ejecutivo delegó en el Ministro de Justicia las funciones relacionadas con la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas por la Superintendencia de Notariado y Registro y la Procuraduría General de la Nación a los notarios de primera categoría, sin que dicha delegación se extienda a los nombramientos o designación de los notarios que remplacen temporal o definitivamente a los que sean sancionados en procura de la continuidad de la prestación del servicio, para lo cual se remitirán las actuaciones al Presidente de la República como nominador para que proceda al nombramiento o designación de los funcionarios de primera categoría.