La Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó recientemente que un título minero debidamente otorgado e inscrito estructura una situación jurídica consolidada. Ello, agrega la Sala, le dispensa un derecho exclusivo y excluyente de aprovechamiento de la riqueza minera del área concesionada, su apropiación mediante su extracción o captación y posterior tráfico económico. Esa protección, en su variante normativa, encuentra reflejo en la regla general de la aplicabilidad al contrato de las normas vigentes al tiempo de su perfeccionamiento, lo que constituye una inobjetable garantía convencional y constitucional a los derechos adquiridos, pues, y atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “se tiene por sentado que los derechos adquiridos son derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas”, finaliza el fallo (C. P. Jaime Orlando Santofimio).