Al ser las entidades públicas quienes confeccionan los pliegos de peticiones en los procesos de contratación estatal, pueden establecer las limitaciones que consideren necesarias para lograr el objetivo del proceso, estableciendo que las mismas son aplicables por igual a quienes pretendan hacer parte, y que aquellas previstas para un determinado proceso serán conocidas por los terceros, a fin de que los proponentes conozcan las reglas del juego desde el comienzo. Así lo precisó la Superintendencia de Sociedades, en concepto de junio.