La información que debe ser rendida sobre asuntos y recursos públicos al momento de entregar un cargo debe observar lo previsto en la Ley 951 del 2005, por la cual se fijaron las reglas para entrega y recepción de asuntos públicos y se estableció el tipo de responsabilidades que generaría no hacerlo, indicó la Contraloría General de la República. De acuerdo con la norma, corresponde a las contralorías territoriales, según a donde pertenezcan los recursos, y a la Procuraduría General de la Nación, conforme al sistema de competencias, iniciar las investigaciones a que haya lugar.