El Consejo de Estado negó una demanda de reparación directa a una ciudadana que fue investigada, sin llegar a ser condenada, por trata de personas. En la misma decisión, la Sala modificó y unificó su jurisprudencia frente a los casos de privación injusta de la libertad. La Sección Tercera determinó que si bien la accionante no cometió ningún delito sí incurrió en algunas conductas que llevaron inicialmente a la Fiscalía a inferir de manera razonable que podía ser eventualmente responsable de una conducta penal. Con esta decisión, el alto tribunal modificó y unificó su jurisprudencia frente a los casos en los que se reclama indemnización por parte de ciudadanos que fueron objeto de la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva y resultaron posteriormente absueltos o beneficiarios de la preclusión de la investigación, en el sentido de que no siempre que alguien sea privado de su libertad y se beneficie con la preclusión de la investigación o con la declaratoria de su inocencia tiene derecho a ser indemnizado (M. P. Carlos Alberto Zambrano).