Si la administración pretende sancionar una conducta reprochable debe citar su fundamento legal, lo contrario viola el debido proceso y el principio de legalidad, advirtió la Sección Primera del Consejo de Estado. En ese sentido, la corporación recordó que aquel derecho exige que la entidad pública comunique al investigado el inicio de la actuación, junto con la conducta y su sanción previstas en las normas, lo que también debe plasmarse en la decisión adoptada (C. P. Guillermo Vargas Ayala).