Ocho meses después de entregarle a la Corte Constitucional el informe sobre la superación del estado de cosas inconstitucional sobre la atención a la población desplazada, declarado mediante la Sentencia T-025 del 2004, y de solicitarle la revisión de esa medida, el Gobierno acaba de impartir una serie de directrices para lograr ese propósito, dirigidas a las entidades del orden nacional involucradas con la atención de esas personas. Las entidades deberán estudiar la metodología de determinación del costo de atención y financiación de los derechos de la población desplazada, con base en lo previsto en el citado informe, y presentar, antes del próximo 1° de marzo, sus observaciones, dudas y sugerencias, señala uno de los apartes de la Directiva Presidencial 9 del 2011.