A través de un decreto con fuerza de ley, expedido bajo el actual estado de emergencia económica, social y ecológica (Decreto 4580/10), el Gobierno acaba de reformar el Fondo Nacional de Calamidades, con el propósito de agilizar la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados por el invierno. El fondo podrá transferir recursos a entidades públicas del orden nacional o territorial y a entidades privadas, para ser administrados por estas, sin que se requiera operación presupuestal por parte de la entidad receptora. El documento que ordene la transferencia indicará, de manera expresa, la destinación de los recursos, que se girarán a cuentas abiertas especialmente para la atención de la emergencia. Estas transferencias se podrán hacer de manera inmediata, sin esperar la legalización de gastos anteriores. El nuevo decreto también creó el Comité de Ética y Transparencia, integrado por empresas de auditoría nacional e internacional de amplia y reconocida trayectoria, encargado de auditar los recursos destinados a la atención de la emergencia. Así mismo, las veedurías ciudadanas y las organizaciones de beneficiarios de los recursos destinados a superar las situaciones emergencia podrán ejercer el control de la gestión pública de tales recursos.