Mediante el Decreto 937, el Gobierno hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría a Senén Ulpiano Murillo Hinojosa, gobernador (e) del Vichada para la época de los hechos (2009), consistente en destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 11 años. De igual manera, con el Decreto 938, cumplió la orden de destituir e inhabilitar por 11 años a Felipe Alfonso Guzmán, exgobernador del Putumayo.