El Ministerio de la Protección Social estableció, en la Resolución 5511 del pasado 29 de diciembre, los rubros en los que deberán destinarse los recursos recaudados por las entidades territoriales en aplicación del Decreto 127 del 2010, expedido bajo el estado de emergencia social, desde la fecha de su publicación hasta la entrada en vigencia de la Ley 1393 del 2010 (reforma tributaria para la salud). En Sentencia C-253 del 2010, la Corte Constitucional señaló que tales recursos debían destinarse, en su totalidad, a la red hospitalaria pública y a garantizar el acceso a la salud de los afiliados el régimen subsidiado. La citada resolución autoriza invertirlos en la prestación de servicios de salud requeridos por la población pobre no asegurada y eventos no incluidos en el POS, a cargo de las entidades territoriales, y a cofinanciar, por una sola vez, los contratos de afiliación del régimen subsidiado que finalizarán el 31 de marzo del 2011, cofinanciados con recursos territoriales.