Así lo precisó una providencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado  luego de señalar que la validez del contrato estatal constituye un presupuesto indispensable para pronunciarse respecto del cumplimiento de las obligaciones, dado que la invalidez impone la ineficacia del negocio jurídico y, en consecuencia, rompe el carácter vinculante y obligatorio de sus estipulaciones. De acuerdo con lo anterior, la corporación judicial concluyó que la existencia y la validez del contrato público constituyen presupuestos de orden material para dictar sentencia de mérito frente a las pretensiones que sobre este se sustenten, ya sea a favor de la parte demandante o del demandado. “Claramente, es una condición previa e ineludible para que del negocio jurídico puedan surgir derechos y obligaciones entre las partes y, de esta manera, para que con soporte en estos se realicen pronunciamientos judiciales que las vinculen”, indica la decisión (C. P. Hernán Andrade Rincón).