El requisito de disponibilidad de terrenos que no sean de propiedad del usuario operador que solicita la declaratoria de existencia de zona franca debe ser, como mínimo, el mismo de la autorización. Aunque el artículo 392-12 del Decreto 2685 de 1999 permite reducir el área declarada, siempre que no se afecte el límite mínimo de 20 hectáreas, si el fundamento de hecho desaparece, es decir, los terrenos ya no están jurídicamente disponibles, operaría la figura de perdida de ejecutoriedad del acto administrativo prevista en el artículo 91 del CPACA y, en ese sentido, la autorización no podría ser ejecutada. Así lo precisó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en oficio de julio.