Por decisión del Consejo de Estado, la Fiscalía deberá pagarle más de $ 61 millones a un exescolta de Servientrega, luego de haberlo mantenido privado de su libertad injustamente dentro de una investigación penal que se venía adelantando por el presunto funcionamiento de una banda de contrabandistas y extorsionistas que estaría operando en esa empresa de correos. La alta corte revocó la determinación de instancia y condenó a la entidad demandada, por considerar que la medida de aseguramiento no tenía sustento legal. A su juicio, la Fiscalía no podía concluir que cuando el accionante admitió que sospechaba que el jefe de seguridad de la entidad estuviera involucrado en actividades ilícitas este estaba aceptando su propia responsabilidad en los ilícitos. Debido a este y otros errores de apreciación sobre las pruebas, teniendo en cuenta que la demandada tampoco explicó el propósito de la medida privativa de la libertad, entre otras irregularidades, la corporación  le impuso a este organismo el deber de resarcir el daño (C. P. Martín Bermúdez).