Las administradoras o aseguradoras de los diferentes subsistemas de la seguridad social (EPS, ARP, fondos de pensiones y de cesantías y el FNA, entre otras) que tengan recursos por concepto de aportes patronales del situado fiscal y del sistema general de participaciones para salud tienen 30 días hábiles de plazo para girarlos al patrimonio autónomo que constituirá el Ministerio de la Protección Social, a nombre de las entidades territoriales, que financiará obligaciones pendientes de pago generadas por la prestación de servicios a la población pobre no asegurada y los eventos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del régimen Subsidiado (POS-S). Así lo acaba de establecer el Gobierno, en un nuevo decreto bajo el estado de emergencia social. Cada año, esas entidades deberán realizar un proceso de depuración automática de tales aportes, con corte a 31 de octubre.