En el marco de un proceso de tutela, la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó, como medida provisional, la suspensión de la celebración de la consulta popular que se realizaría el próximo 6 de agosto en el municipio de Pasca (Cundinamarca). Esta tenía por objeto que los habitantes de dicho municipio respondieran si estaban o no de acuerdo “con que se ejecuten actividades exploratorias, sísmicas, perforaciones, explotaciones, producción y transporte de hidrocarburos” en dicho territorio. Dicha medida se decretó, de un lado, por la urgencia que rodeaba las circunstancias del caso en la medida en que la consulta estaba programada para la próxima semana y, de otro lado, en atención a que la pregunta que habría de responderse, tal y como había sido aprobada por el Tribunal de Cundinamarca, podía poner en peligro los intereses del propio municipio (C. P. Alberto Yepes Barreiro).