Mediante la Resolución 257 del pasado viernes, la Superintendencia Nacional de Salud estableció los requisitos que deben cumplir las firmas de auditoría y las universidades públicas que auditarán las cuentas o acreencias que las entidades territoriales pagarán con los excedentes de aportes patronales a que se refiere el Decreto 73 del 2010 y con los dineros producto de la liquidación de los contratos del régimen subsidiado a que hace alusión el Decreto 4976 del 2009, ambos expedidos bajo el estado de emergencia social. Las firmas deben tener experiencia nacional o internacional en la realización de auditorías en cuentas médicas de, al menos, dos años y acreditar un patrimonio mínimo de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre otras condiciones.