En el marco de una acción de lesividad, el Consejo de Estado revocó una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, al encontrar que un acto administrativo que resolvió la petición sobre el ajuste del precio del inmueble adquirido por un ciudadano a una entidad departamental en liquidación no violó las normas que le debieron servir de fundamento. El alto tribunal recordó que resulta en extremo contrario a derecho que una persona pague más de lo que realmente le corresponde y que, en el caso concreto, en vista de que la propia administración advirtió el error en el monto cobrado al adquiriente del inmueble, no es procedente ordenarle que devuelva la suma por exceder el precio con base en el avalúo (C.P. María Elizabeth García González).