Las entidades públicas, para efectos de realizar el balance final de cuentas de un contrato, deben escuchar y permitirle al contratista presentar pruebas, de manera que no se presente una vulneración al debido proceso, tal como lo precisó la Sección Tercera del Consejo de Estado. De igual forma, el alto tribunal recordó que la caducidad de la acción contractual, en los casos en que existe liquidación unilateral, empieza a correr a partir del momento en que dicho acto administrativo cobra firmeza (C. P. Marta Velásquez).