La Secretaría del Hábitat de Bogotá anunció el inicio de investigaciones de carácter administrativo contra 657 arrendadores de vivienda matriculados, que incumplieron la obligación de presentar sus informes anuales, cuyo último plazo venció el pasado 20 de marzo. Según la entidad, las sanciones podrían ascender a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 820 del 2003. Así mismo, recordó que el señalado informe es un requisito legal para quienes están matriculados, por tener cinco o más contratos de arrendamiento vigentes, quienes deben remitir los datos de los inmuebles arrendados y las novedades que sobrevengan en los acuerdos, entre otra información.