Como todo acto administrativo, la declaratoria de siniestro en el marco de un contrato administrativo goza de presunción de legalidad, que puede ser impugnada en sede administrativa tanto por quien expidió el seguro como por el contratista, así como ser demandada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Así lo recordó el Consejo de Estado, precisando que esta prerrogativa de la administración no tiene naturaleza sancionatoria, lo que permite su ejercicio después de terminado el plazo previsto para la ejecución del contrato e incluso después de su liquidación (C.P. Danilo Rojas Betancourth).