Aunque existe un control tutelar del Ministerio de la Protección Social sobre las entidades adscritas o vinculadas, este es destinado solo a asegurar y constatar que las funciones que estas adquieren por especialidad se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales, sin poder extender su autoridad respecto de la autonomía administrativa y presupuestal de la que gozan aquellas. Así las cosas, el control ministerial no puede trascender las esferas de la descentralización ni tomar determinaciones de carácter administrativo, asignadas por la ley y los reglamentos a cada entidad.