La teoría de los móviles y las finalidades ha sido adoptada históricamente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y, a su vez, reiterada por las distintas secciones de la corporación. Según un fallo reciente de la corporación que recuerda esta teoría, no es la generalidad del ordenamiento impugnado el elemento que determina la viabilidad del contencioso popular de anulación. De ahí que sean los motivos determinantes de la acción y las finalidades que a ella ha señalado la ley los elementos que sirven para identificarla jurídicamente y para calificar su procedencia. Bajo la tesis expuesta, este alto tribunal explicó que el acto particular puede ser susceptible de ser atacado a través de la acción de simple nulidad cuando comporta un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia que vaya aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido nacional. Pero también cuando exista una incidencia trascendental en la economía nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos (C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio).