El Consejo de Estado confirmó una condena contra la Fiscalía General de la Nación, pues el ente acusador no verificó en una investigación que se cumplieran los requisitos sustanciales para adoptar la decisión de acusación. Según el concepto de la Sala, el solo relato del agente de policía no demostró la ocurrencia del hecho ni la responsabilidad que le endilgaban al sindicado, procesado por la supuesta comisión del delito de peculado por apropiación y tráfico de estupefacientes (C. P. María Adriana Marín).