Las entidades públicas están omitiendo sus deberes esenciales para evitar que la contratación estatal sea un medio para el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, aseguró hoy el auditor general de la República, Iván Darío Gómez. Para el funcionario, es necesario definir, a través de un decreto u otra disposición, las obligaciones de las entidades con sus contratistas, similar a lo que hoy realizan los bancos con sus clientes, al identificar el origen de sus recursos. Gómez también alertó por el incremento de irregularidades en la contratación, que se manifiestan en sobrecostos y adiciones injustificadas de contratos, sobornos, paralización de obras, etc.