Una providencia del Consejo de Estado recuerda la aplicación correcta del principio de precaución en materia ambiental. En efecto, explica que cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas, encaminadas a evitar un peligro de daño grave, sin contar con la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las políticas ambientales trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho. Para tal efecto debe constatar que se cumplan los siguientes elementos: que exista peligro de daño; que sea grave e irreversible; que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta; que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente y, finalmente, que el acto en que se adopte la decisión sea motivado (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).