Alianza entre fuerza pública y paramilitares permitió la ejecución extrajudicial de Jaime Garzón (11:36 a.m.)

El exsubdirector de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, y el exjefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército Nacional, Jorge Eliécer Plazas, no solo adelantaron seguimientos contra Jaime Garzón, sino que compartieron la información recolectada con el excomandante de las autodefensas, Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar su homicidio. Así lo concluyó la Sección Tercera del Consejo de Estado luego de condenar a la Nación por su responsabilidad agravada en el homicidio del abogado y periodista. Hay que decir que esta conducta penal se constituyó en delito de lesa humanidad. Esto quiere decir entonces que fue una alianza criminal entre miembros de inteligencia del Ejército con paramilitares, lo que facilitó la ejecución extrajudicial del comunicador y que trajo como consecuencia una grave violación de derechos humanos. De ahí que se comprobara a lo largo del proceso que los hechos del mortal atentado ocurrido en la mañana del 13 de agosto de 1999 fueron producto de una violación sistemática a los derechos humanos y, a su vez, a la persecución de la que eran blanco algunos líderes de izquierda para la época. Pero también el análisis probatorio dio cuenta de que la muerte de Garzón fue determinada por el jefe histórico de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil, quien ordenó a miembros de la banda criminal denominada La Terraza cometer el crimen. Es importante resaltar que el veredicto del Consejo de Estado revocó la sentencia proferida por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 10 de mayo del 2007. Además de los perjuicios materiales que fueron tasados en la providencia a favor de los familiares de Garzón, se establecieron diferentes medidas de reparación integral (C.P. Hernán Andrade).