Al recordar que una de las facultades del juez constitucional es interpretar la demanda y proteger derechos no invocados por el accionante, la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó los derechos a la dignidad humana, a la salud y al trabajo en condiciones dignas de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación que en múltiples ocasiones solicitó su traslado por problemas de salud. El alto tribunal reiteró que la tutela procede para proteger derechos fundamentales amenazados gravemente por un acto administrativo, bien sea que disponga un traslado o que lo niegue, siempre y cuando sea ostensiblemente arbitrario (C. P. Alberto Yepes Barreiro).