El Consejo de Estado reiteró que ante la privación injusta de la libertad configurada por la imposición de una medida de aseguramiento a una persona que resulta finalmente absuelta en el proceso por aplicación del principio de in dubio pro reo, sin que opere la culpa de la víctima como eximente de responsabilidad, el Estado debe indemnizar los perjuicios causados en ese evento, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar. De acuerdo con el fallo, es desproporcionado exigirle a una persona que asuma impasiblemente la privación de su derecho a la libertad para salvaguardar la eficacia de las decisiones judiciales. El consejero Carlos Alberto Zambrano aclaró el voto (C. P. Hernán Andrade).