Las controversias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se declara algún siniestro de los respaldados por las garantías que amparan el objeto de un contrato estatal tienen innegable naturaleza contractual, aun cuando se originen con posterioridad a la terminación del vínculo negocial. En ese sentido, el Consejo de Estado indicó que es evidente que el incumplimiento de las obligaciones materia de los amparos se encuentra directamente vinculado a la existencia misma y a la ejecución del contrato. En estos términos, la acción para buscar la anulación del acto administrativo mediante el cual se declara el siniestro de falta de estabilidad de la obra o de deficiente calidad de los bienes o servicios entregados por el contratista, con el fin de hacer efectivas las garantías respectivas, es la de controversias contractuales. Finalmente, el alto tribunal recordó que los actos expedidos por la entidad estatal contratante después de terminado el contrato participan de la naturaleza de actos contractuales, por ser expedidos como consecuencia de la ejecución del respectivo negocio jurídico (C.P. Mauricio Fajardo Gómez).