Administrativo
Recuerdan obligación del Estado de vigilar y controlar proyectos de urbanización
26 de Marzo de 2014
La Ley 66 de 1968 le atribuyó al Gobierno, a través de la Superintendencia Bancaria (hoy Superfinanciera), la función de ejercer la inspección y vigilancia de las actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.
Así lo recordó la Sección Tercera del Consejo de Estado, al declarar la responsabilidad del Distrito de Barranquilla por los perjuicios que sufrió una ciudadana que le compró una vivienda a una constructora que no contaba con la respectiva licencia.
Según la demandante, la firma publicitó ampliamente un plan de construcción de vivienda y celebró promesas de compraventa con el compromiso de entregar los inmuebles en marzo de 1997. Sin embargo, incumplió con la entrega, a pesar de que ya se le había abonado parte del valor.
La corporación precisó que, según la normativa existente, los interesados en desarrollar actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda deben registrarse ante la Superintendencia (Decreto 2610 de 1979).
Además, en cada caso, para anunciar y desarrollar planes o programas de vivienda, es necesario obtener el permiso correspondiente. Las entidades territoriales, recordó, deben llevar un registro de las personas dedicadas a las actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda y otorgar los permisos para anunciar y desarrollar esas actividades.
Finalmente, en el caso analizado, se demostró la existencia de unas obligaciones concretas a cargo del Estado, las cuales, de haberse cumplido, hubieran evitado el daño que sufrió la demandante.
El alto tribunal declaró patrimonialmente responsable a la entidad demandada por falla en el servicio, pues si hubiera tomado los correctivos legales para evitar la oferta y la enajenación de los inmuebles prometidos en venta por una no sociedad autorizada, la demandante no habría celebrado el contrato de compra venta ni entregado sumas de dinero.
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