La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que, en materia de responsabilidad extracontractual, el estudio de una presunta dilación injustificada de un proceso abarca un análisis atinente a la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como fue tramitado el caso, el volumen de trabajo que tenía el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no se asemejan a los términos de ley, sino al promedio de duración de procesos similares al reputado como moroso. Del mismo modo, resaltó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para determinar si un Estado parte ha infringido la garantía judicial a un plazo razonable debe analizarse el marco temporal del proceso, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades y la afectación jurídica de la parte interesada (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).