La Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su criterio frente al alcance de las atribuciones del Procurador General de la Nación y la autoridad judicial competente para conocer demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas para cuestionar los actos administrativos expedidos por el jefe del Ministerio Público en desarrollo de sus roles de director y autoridad nominadora. Para poder unificar estos dos aspectos, la providencia desarrolló cuatro reglas importantes, que puede conocer en el documento adjunto. Una de ellas es que la competencia para conocer de las demandas de nulidad y restablecimiento promovidas contra estos actos, en primera instancia, corresponde a los juzgados y tribunales administrativos, dependiendo de la cuantía (C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez).