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Procuraduría niega recusación presentada por la Contralora contra la Auditora

19 de Febrero de 2014

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La Procuraduría General de la Nación negó por improcedente la recusación que interpuso la contralora general, Sandra Morelli, contra la auditora general, Laura Emilse Marulanda, dentro de las auditorías que este organismo adelanta a la Contraloría General de la República.

 

Según el Ministerio Público, la recusada no incumplió con el deber previsto en el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que obliga a los funcionarios a declararse impedidos de decidir asuntos en los que tengan un interés particular.

 

“No es posible predicar la configuración de alguna causal de impedimento, por cuanto la auditora general de la Nación, señora Laura Emilse Marulanda Tobón, no es la funcionaria que debe conocer de las auditorías fiscales”, afirmó la Procuraduría.

 

La entidad recordó que el artículo 24 del Decreto 272 del 2000, al establecer las competencias de la Auditoría, señala específicamente que es la Dirección de Control Fiscal, y no la jefatura de la entidad, la encargada de adelantar este proceso de control y vigilancia.

 

La providencia también se refiere a la supuesta enemistad de la recusada con la contralora y la posibilidad de que, por cuenta suya, otros funcionarios puedan imitar esa supuesta falta de aprecio por Morelli.

 

“El juicio de la recusante, sobre la violación de la imparcialidad, así como el de la enemistad, aspecto de la intimidad emocional de cada persona en particular, no puede trasladarse del superior al inferior porque los funcionarios de la Auditoría General de la República que conocen de los casos referidos son autónomos”, indicó la Procuraduría.

 

Además, recalcó que, hasta el momento, no se han evidenciado hallazgos de responsabilidad disciplinaria, administrativa o fiscal que lleguen a conocimiento de otro funcionario del que pueda ponerse en tela de juicio su imparcialidad u objetividad.

 

De acuerdo con la Procuraduría, lo que lo salta a la vista es la necesidad de que ella misma ejerza control y vigilancia sobre estas auditorías y sobre el eventual proceso de responsabilidad fiscal que pueda derivarse. El organismo designó a la delegada de la Sala Disciplinaria, María Eugenia Carreño, para que encabece esta tarea de seguimiento.

 

(Procuraduría, Auto SIAF 2013349245 (20131000094771), Feb. 18/2014)

 

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