La Procuraduría General de la Nación planteó al Fondo de Adaptación una serie de recomendaciones respecto a la implementación de los programas de vivienda para los damnificados de la ola invernal 2010-2011. Adicionalmente, advirtió que durante la puesta en marcha del programa se han presentado ciertas debilidades, pues, según explicó, aproximadamente el 50 % de la población identificada en el Registro Único de Damnificados, reunidos bajo la calidad de “vivienda destruida”, quedaría sin atención, pese a que materialmente podrían cumplir con los requisitos para hacer parte del proyecto, lo que corresponde a más de 50.000 familias. De esta manera, le recomendó a la entidad evaluar la posibilidad de diseñar una estrategia que permita garantizar los derechos de quienes eventualmente quedarían por fuera de la atención estatal, así como atender de manera eficaz a la población que cumple con los requisitos para ser atendida en el programa.