La Procuraduría General de la Nación le presentó al registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, una serie de observaciones y recomendaciones de vigilancia y control, tras el primer simulacro de preconteo electoral, que se llevó a cabo el pasado 1º de febrero.

El Ministerio Público encontró puestos de votación sin líneas telefónicas para efectuar la transmisión; advirtió que las decisiones en materia de comunicaciones están centralizadas, lo que impide transmitirlas de manera oportuna; además, las consolas de administración fueron desbloqueadas y desatendidas, lo que implica un riesgo de seguridad informática.

Así mismo, se presentaron inconvenientes en las comunicaciones en los centros de procesamiento; no se aplicó el protocolo de transmisión-recepción de la información; se presentaron falencias en las funciones del personal por aparente falta de capacitación, y hubo errores en el manejo, la seguridad y el hardware contratado para cada centro de procesamiento de datos.

El ente de control invitó a la Registraduría a adoptar las medidas necesarias y hacer ajustes suficientes para que se garantice la confiabilidad, seguridad, oportunidad, consistencia y disponibilidad de la información correspondiente a los resultados electorales.

Cabe recordar que un total de 2.349 aspirantes participarán en las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino que se realizarán el próximo 9 de marzo. De ellos, 1.553 se inscribieron para el Senado de la República; 773, para la Cámara de Representantes, y 23, para el Parlamento Andino.