La Sección Tercera del Consejo de Estado negó la pretensión de una IPS encaminada a lograr una indemnización por la pérdida de oportunidad para accionar ante la jurisdicción contencioso administrativa, teniendo en cuenta que, según a demanda, se configuró el fenómeno de la caducidad de una acción contractual por causas imputables a la administración de justicia. La decisión fue adoptada por el alto tribunal al no encontrar ningún elemento de juicio que le permitiera afirmar que la actora se encontraba, antes de caducar la acción, en una “situación potencialmente apta para pretender la consecución de una sentencia favorable” a sus intereses, por lo que, en tales condiciones, no se encuentran acreditadas las reales probabilidades de éxito que tendía en el eventual litigio o, en otras palabras, no existe prueba alguna del daño (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).