Para cumplir los fines estatales, la potestad sancionatoria de la administración deberá respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso, reiteró la Sección Primera del Consejo de Estado. Por el contrario, la expedición de actos administrativos lesivos del Estado de derecho es una actuación abusiva y arbitraria, resaltó la corporación. De esa forma, el fallo explicó que la decisión que sanciona al presunto infractor debe basarse en pruebas oportuna y regularmente allegadas al proceso, en el cual debió aplicarse el principio de contradicción (C. P. María Elizabeth García).