La Sección Tercera del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la Resolución 180241 del 2012 del Ministerio de Minas y las resoluciones 0042 del 2012 y 429 del 2013 de la Agencia Nacional de Minería (ANM), que crearon 516 zonas mineras en 22 departamentos, con una extensión de 20.470.200 hectáreas.

La magistrada ponente, Olga Mélida Valle, consideró que ante el hecho de que no se haya agotado la consulta previa para la adopción de las resoluciones, debe prevalecer la protección de las comunidades indígenas y negras que han habitado ancestralmente dichos territorios.

“Hasta que se establezca si era o no necesaria la consulta previa en la expedición de las resoluciones y hasta tanto se haga el estudio de legalidad de las mismas, el Despacho las suspenderá de manera provisional, buscando evitar cualquier menoscabo de los derechos de las comunidades étnicas”, agregó.

La providencia destaca que la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas, que tienen derecho a decidir en los procesos de desarrollo y planes de organización que afecten a su comunidad y en las medidas concernientes a la explotación de recursos naturales, con el fin de que sean proporcionales, coherentes y respetuosas de sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual.

En su defensa, la ANM señaló que la consulta previa no se realizó, debido a un concepto del Ministerio del Interior según el cual no era necesario agotar tal procedimiento, pues las medidas “creaban meras expectativas” y no otorgaban títulos mineros.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, comunicado Auto 11001032600020140014300, mayo 20/15 C. P. Olga Mélida Valle)

Documento disponible para suscriptores de Legismóvil. Solicite un demo.