El alto tribunal declaró responsable al Estado por las heridas, que dejaron secuelas permanentes, sufridas por una ciudadana tras un enfrentamiento entre grupos armados al margen de la Ley.

Adicionalmente, la Sala encontró que durante el incidente que causó las heridas y todo el proceso de atención médica la mujer estaba embarazada; no obstante, dicha situación no fue identificada por el personal médico que la atendió, pues en la historia clínica dejaron constancia sobre el punto y, dentro de los múltiples exámenes que se le practicaron, entre otros el de sangre, tal aspecto nunca fue objeto de análisis.

De acuerdo con la providencia, estos aspectos “evidencian discriminación de género, pues los organismos médicos dejaron de lado la condición de mujer de la víctima, al punto de no advertir el estado de embarazo en que se encontraba” y todos los procedimientos que se le practicaron a la demandante, pusieron en riesgo su vida y la del nasciturus.

De ese modo, y en atención a la falta de cuidado y trato especial a la mujer, exhortó al Ministerio de Salud para que implemente en la política pública la atención médica adecuada para la mujer por su condición, con el objetivo de que las autoridades hospitalarias adopten las medidas necesarias para garantizar que este tipo de casos de discriminación en contra de la mujer no se vuelvan a presentar.

(Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 27001233100020060058801 (38470), 28-may-15, C.P. Stella Conto)

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