La Personería de Bogotá presentó una acción popular en contra de la Alcaldía Mayor, la Secretaría Distrital de Movilidad y el Ministerio de Transporte, para que, a través de una medida cautelar, se dejen sin efectos de manera inmediata los proceso precontractuales, contractuales y administrativos en los que se planee, permita u ordene construir o realizar una obra o proyecto en los predios y trazados donde está prevista la construcción de la avenida longitudinal de occidente, por presunta amenaza y vulneración de derechos e intereses colectivos. El ente de control manifestó no estar en desacuerdo con la construcción de centros educativos o de patios para el manejo adecuado de la movilidad en las ciudad, pero considera inoportuno y de “mala fe” que, faltando algunas semanas para finalizar el periodo de la actual administración, el Alcalde Mayor quiera comprometer los predios en los que se proyecta la obra, con la finalidad de impedir su materialización, torpedeando obras que mejorarían calidad de vida de los ciudadanos, simplemente porque no son de su agrado o no hacen parte de su plan de gobierno. Adicionalmente, afirmó, los predios apropiados no podrían ser empleados para la construcción de otras finalidades, porque entran en colisión frontal con lo establecido en normas constitucionales y legales.